Andrew Mountbatten-Windsor rechaza declarar ante comisión de EE. UU.; su negativa reaviva cuestionamientos sobre impunidad, privilegios reales y justicia para víctimas.
Realeza26 de noviembre de 2025
Marcela Nazar
Desde hace años, el nombre de Jeffrey Epstein encarna una herida global: víctimas que aún buscan verdad, instituciones cuestionadas y una red de poder que parece haber operado con silencios estratégicos. En ese escenario, la negativa de Andrew Mountbatten-Windsor (antes príncipe Andrés) a responder al llamado del Congreso de Estados Unidos revive el malestar, la incertidumbre y la sensación de que todavía hay piezas cruciales sin colocarse.
El tema regresó al centro de la conversación internacional, no solo por lo que se pidió, sino por lo que no ocurrió: un testimonio esperado que nunca llegó.
La comisión de supervisión de la Cámara de Representantes había solicitado al ex miembro de la realeza una entrevista transcrita como parte de su investigación sobre la red de explotación sexual asociada a Epstein. Los legisladores consideraban que Mountbatten-Windsor podía aportar información relevante derivada de registros, encuentros y movimientos de los que existen referencias en documentos y testimonios previos.
El plazo venció sin respuesta. De acuerdo con miembros del comité, la falta de colaboración fue interpretada como una negativa directa, un gesto que para ellos “envía un mensaje claro”.
En semanas recientes, Mountbatten-Windsor fue despojado formalmente de todos sus títulos reales mediante una Carta Patente. La decisión selló su salida total de la estructura monárquica: ya no ostenta el tratamiento de “Su Alteza Real” ni los títulos de Duque de York, Conde de Inverness o Barón Killyleagh. También fue eliminado del registro oficial de la nobleza británica.
Este golpe institucional dejó ver la dimensión del impacto público de su nombre y el esfuerzo por distanciar la imagen de la Corona de los temas vinculados al caso Epstein.
En Reino Unido, el primer ministro sostuvo que cualquier persona con información relevante debería cooperar con las investigaciones. No se refirió directamente a Mountbatten-Windsor, pero el mensaje fue interpretado como un recordatorio sobre responsabilidad y cooperación internacional.
Del lado estadounidense, los legisladores que encabezan la investigación insistieron en que seguirán adelante con o sin su testimonio. Señalaron que la finalidad es esclarecer posibles redes de complicidad, rutas de tráfico y fallas institucionales que permitieron que Epstein operara impunemente durante años.
Para las víctimas, su participación podría significar pistas adicionales sobre dinámicas y conexiones que aún no se han esclarecido.
Como ciudadano extranjero, Mountbatten-Windsor no está obligado a declarar ante un Congreso extranjero. Sin embargo, su negativa tiene un peso simbólico y político que trasciende la parte legal.
Su silencio alimenta las dudas sobre la posibilidad de que figuras con riqueza, linaje o poder estén sujetas a los mismos niveles de escrutinio que cualquier otra persona investigada en un caso de delitos sexuales de alcance internacional.
Para especialistas en justicia y derechos humanos, el impacto no se limita a un nombre: refleja los desafíos globales para garantizar que las víctimas consigan verdad y justicia, aun cuando las investigaciones tocan esferas privilegiadas.
Epstein murió en prisión en 2019, pero su sombra continúa generando tensiones políticas, diplomáticas y sociales. La relación entre poder, impunidad y explotación sexual sigue siendo una herida abierta que requiere respuestas institucionales claras, cooperación internacional y sensibilidad hacia quienes han luchado por ser escuchadas.
La negativa de Mountbatten-Windsor vuelve a colocar el foco en una pregunta que permanece sin resolver: ¿hasta dónde llegan los límites del privilegio cuando se trata de responsabilidades ante la justicia?
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