Antonio Nazar Sol
Cada año, el Gobierno Federal presenta una propuesta sobre cómo espera obtener y gastar los recursos públicos durante el siguiente ejercicio. Para 2027, el llamado Paquete Económico vuelve a poner sobre la mesa un tema que interesa prácticamente a todos: ¿vamos a pagar más impuestos?
La respuesta, por ahora, requiere una precisión importante. El Paquete Económico 2027 todavía es una propuesta en proceso legislativo. Fue presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso el 8 de septiembre de 2026 y contiene iniciativas que aún pueden ser modificadas antes de convertirse en legislación vigente.
Por eso, antes de tomar decisiones o hacer cambios en la forma de operar un negocio, conviene entender qué se está proponiendo y, sobre todo, qué es lo que realmente puede llegar a cambiar.
El Paquete Económico puede entenderse, en términos sencillos, como la propuesta financiera del Gobierno para el año siguiente.
No es un solo documento. Incluye, entre otros elementos, los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos. Además, para 2027 se presentaron iniciativas de modificaciones fiscales, entre ellas cambios propuestos a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley Federal de Derechos.
¿Y por qué debería importarle esto a una persona que tiene un negocio, trabaja por su cuenta o simplemente recibe ingresos?
Porque las decisiones que se tomen durante este proceso pueden modificar reglas relacionadas con impuestos, deducciones, pérdidas fiscales, regímenes tributarios, controles del SAT y obligaciones de los contribuyentes.
En otras palabras, el Paquete Económico no es solamente un asunto para contadores, abogados o grandes empresas. Puede terminar teniendo efectos en la vida fiscal de prácticamente cualquier contribuyente.
Aquí está probablemente la principal confusión que existe alrededor del Paquete Económico.
No.
Lo que presentó el Ejecutivo Federal es una iniciativa y un proyecto, no una nueva legislación fiscal vigente.
Esto significa que las propuestas todavía deben pasar por el proceso legislativo correspondiente. Durante ese proceso, los legisladores pueden aprobarlas, modificarlas, eliminar algunas disposiciones o incorporar cambios.
Por ello, una noticia que diga que “el Gobierno cambiará determinada regla fiscal en 2027” debe leerse con cuidado. Mientras la modificación no haya sido aprobada conforme al procedimiento legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación, no puede tratarse como una obligación fiscal vigente para 2027.
Esta distinción es especialmente importante para los contribuyentes.
Una cosa es decir:
“La iniciativa propone…”
y otra muy distinta:
“La ley establece…”
No son lo mismo.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el Paquete Económico 2027 no plantea un incremento general de las tasas de ISR o IVA ni la creación de nuevos impuestos, de acuerdo con la propuesta presentada. El énfasis está más bien en obtener mayores ingresos mediante una mayor eficiencia recaudatoria y medidas contra la evasión y determinadas prácticas fiscales.
Pero eso no significa que el contribuyente pueda asumir que “todo seguirá igual”.
Hay propuestas que sí podrían tener efectos importantes.
Una de las propuestas contempla ampliar los límites de ingresos para permanecer en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
Para personas físicas, se plantea elevar el límite de ingresos de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras que para personas morales se propone pasar de 35 a 50 millones de pesos.
De aprobarse en esos términos, podría permitir que un mayor número de contribuyentes pueda ubicarse dentro de este régimen.
También se plantea reducir de 30% a 20% el límite aplicable a la deducción de intereses netos.
Este tipo de modificación puede resultar particularmente relevante para empresas que utilizan financiamiento y tienen estructuras con un volumen importante de intereses deducibles.
Otro de los puntos que merece atención está relacionado con las reglas para disminuir pérdidas fiscales y con determinadas deducciones de personas morales que superen ciertos niveles de ingresos.
En particular, la propuesta contempla medidas que podrían tener mayor impacto en empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.
Esto es importante porque demuestra que hablar de “no habrá nuevos impuestos” no necesariamente significa que ningún contribuyente vaya a pagar más.
Un contribuyente puede terminar pagando una cantidad mayor no porque haya aumentado la tasa del impuesto, sino porque cambien las reglas para determinar cuánto puede deducir.
Aquí probablemente está la parte más importante del Paquete Económico 2027.
La estrategia planteada por el Gobierno Federal busca aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos generales, poniendo mayor énfasis en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el combate a la evasión y las operaciones simuladas.
En términos cotidianos: la apuesta está más en cobrar mejor lo que ya existe que en crear nuevos impuestos.
Uno de los objetivos señalados expresamente es combatir a las llamadas “factureras”, es decir, empresas involucradas en esquemas de emisión o utilización de comprobantes fiscales relacionados con operaciones simuladas.
También se plantean controles específicos para combatir la evasión del ISR y mecanismos de control relacionados con el IEPS aplicable a gasolinas y diésel.
Esto confirma una tendencia que los contribuyentes ya han venido observando en los últimos años: la autoridad fiscal cuenta cada vez con más información para revisar si lo que se declara coincide con la realidad económica de las operaciones.
Ya no se trata únicamente de presentar una declaración a tiempo.
La autoridad puede cruzar información, identificar inconsistencias y detectar diferencias entre facturación, declaraciones, movimientos y operaciones reportadas.
Por eso, para muchas empresas y personas físicas, el verdadero reto de 2027 podría no estar en una nueva tasa de impuestos, sino en tener correctamente soportadas las operaciones que ya realizan.
Para una empresa, esto puede traducirse en algo muy sencillo: no basta con que una operación exista “en papel”.
Debe existir realmente, estar correctamente documentada y poder explicarse.
Un contrato, una factura, una transferencia bancaria o un comprobante no necesariamente son suficientes por sí solos si la operación que pretenden respaldar no puede acreditarse.
En un entorno de mayor fiscalización, será cada vez más importante revisar cuestiones tan básicas como:
-Que los servicios efectivamente se hayan prestado.
-Que existan contratos y documentación que expliquen las operaciones.
-Que los pagos tengan trazabilidad.
-Que las facturas correspondan con las operaciones realizadas.
-Que las deducciones tengan soporte suficiente.
-Que la información presentada al SAT sea consistente.
Esto no es solamente una recomendación para las grandes empresas. También aplica, en diferente medida, para profesionistas, comerciantes y pequeños negocios.
Probablemente, no entrar en pánico.
El hecho de que una propuesta fiscal aparezca en los medios no significa que mañana cambien las obligaciones de todos los contribuyentes.
Tampoco sería recomendable modificar contratos, estructuras corporativas, inversiones, deducciones o decisiones empresariales únicamente con base en titulares periodísticos.
Lo razonable es seguir el proceso legislativo.
Si una persona o empresa está potencialmente afectada por alguna de las propuestas, puede empezar desde ahora a identificar qué disposición podría impactarla y revisar escenarios. Pero la decisión definitiva debería tomarse cuando exista un texto aprobado y publicado que permita conocer exactamente qué cambió, quién está obligado y a partir de cuándo.
En materia fiscal, una palabra puede cambiar completamente el alcance de una obligación.
Aunque todavía no conocemos el texto definitivo de las disposiciones que regirán en 2027, hay algo que sí puede observarse desde ahora: la fiscalización seguirá siendo una pieza central de la política recaudatoria.
El propio Gobierno Federal ha señalado que busca alcanzar mayores ingresos tributarios mediante una mayor eficiencia recaudatoria, el cumplimiento de las obligaciones y el combate a la evasión y a las operaciones simuladas.
Por eso, más que preguntarnos únicamente “¿subirán los impuestos?”, quizá conviene hacernos otra pregunta:
Esa pregunta puede ser mucho más útil para una empresa o para un contribuyente que simplemente esperar a conocer el resultado final del proceso legislativo.
El Paquete Económico 2027 merece atención, pero también mesura.
Hay propuestas relevantes: cambios al RESICO, modificaciones a deducciones, reglas relacionadas con pérdidas fiscales y medidas para fortalecer la fiscalización. Sin embargo, una iniciativa no es todavía una ley vigente.
El contribuyente debe distinguir entre lo que se propone, lo que se aprueba y lo que finalmente se publica y entra en vigor.
Mientras tanto, la mejor estrategia no es anticiparse a cada titular, sino mantener en orden la situación fiscal, conocer las propuestas que podrían afectar a cada caso concreto y esperar el resultado del proceso legislativo antes de tomar decisiones que puedan tener consecuencias económicas o jurídicas.
Porque en materia fiscal, informarse antes de actuar casi siempre resulta más barato que corregir después.
Lic. Antonio Nazar Sol
