La Calle Rosa
Este 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, las cifras de la FAO recuerdan una desigualdad persistente: millones de mujeres producen, transforman y comercializan alimentos sin recibir siempre el reconocimiento económico que merecen.
Antes de que los alimentos lleguen a un mercado, un restaurante o la mesa de una familia, existe una cadena de trabajo que pocas veces se observa completa. Alguien sembró, cuidó, cosechó, seleccionó, preparó, transportó o vendió esos productos. En muchas comunidades rurales, una parte importante de esas actividades está en manos de mujeres.
Su participación, sin embargo, no siempre aparece reflejada en los ingresos familiares, los registros de propiedad o las decisiones sobre la producción.
Las mujeres rurales son fundamentales para los sistemas alimentarios, pero continúan enfrentando desigualdades en el acceso a la tierra, los recursos económicos y las oportunidades de desarrollo.
Esta fecha ofrece una oportunidad para examinar esa contradicción sin reducir sus vidas a imágenes románticas del campo.
En 2026, la conmemoración tiene un significado adicional: Naciones Unidas declaró este año como el Año Internacional de la Mujer Agricultora, una iniciativa que busca reconocer su contribución y promover mejores condiciones de participación.
En mayo de 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un informe regional sobre la situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe.
El documento señala que las mujeres representan el 36% de la fuerza laboral agroalimentaria regional.
También encontró que el 71% de ellas trabaja en sectores no agrícolas dentro de esos sistemas, como procesamiento de alimentos, comercialización y ventas.
Estas cifras permiten comprender que hablar de mujeres rurales no significa referirse únicamente a quienes trabajan directamente la tierra.
Muchas intervienen en otras etapas necesarias para que los alimentos lleguen a los consumidores.
Pueden participar en la producción, transformación, selección, empaque, preparación, comercialización y administración de pequeños negocios.
Algunas son propietarias de emprendimientos. Otras trabajan por un salario, colaboran en unidades familiares o realizan actividades productivas sin recibir una remuneración individual.
La variedad de sus funciones hace imposible describirlas como un grupo homogéneo.
Una mujer puede levantarse temprano para preparar alimentos, atender animales, participar en actividades agrícolas, cuidar a familiares y después vender parte de la producción.
No todas las mujeres rurales viven esta situación, pero la acumulación de responsabilidades productivas y domésticas es una de las dificultades que identifican los organismos internacionales.
La FAO advierte que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado continúa limitando las oportunidades económicas y de formación de numerosas mujeres de la región.
También señala que ellas tienen menos posibilidades de acceder a empleos de tiempo completo dentro de determinados segmentos agroalimentarios, lo que puede traducirse en actividades más temporales e irregulares.
Esto genera una contradicción: una mujer puede ser indispensable para el funcionamiento de una unidad productiva familiar sin contar con ingresos propios equivalentes a su aportación.
Reconocer su trabajo requiere mirar tanto lo que sucede en el campo como aquello que ocurre dentro de los hogares.
Uno de los obstáculos más persistentes está relacionado con la propiedad y el control de los recursos productivos.
El informe regional de la FAO identifica desigualdades en el acceso a tierra, agua, financiamiento, tecnologías, servicios de asistencia técnica y propiedad del ganado.
Estas barreras pueden impedir que las mujeres amplíen sus actividades, mejoren sus ingresos o participen directamente en las decisiones económicas de sus comunidades.
La diferencia entre trabajar una parcela y tener derechos reconocidos sobre ella puede resultar determinante.
Quien no cuenta con propiedad, garantías o documentación adecuada puede encontrar mayores dificultades para solicitar determinados financiamientos, invertir en infraestructura o desarrollar un negocio independiente.
El problema tampoco se resuelve únicamente mediante capacitación individual.
Para modificar estas condiciones hacen falta políticas, instituciones, mecanismos financieros y decisiones comunitarias que reconozcan a las mujeres como participantes económicas con derechos propios.
En México, la vida rural comprende realidades muy diferentes.
Las condiciones de una productora del norte del país no son necesariamente las mismas que las de una mujer indígena de Oaxaca, una campesina de Chiapas o una emprendedora de una comunidad yucateca.
Cambian los cultivos, el acceso al agua, la propiedad de la tierra, la infraestructura, los mercados y las oportunidades educativas.
También cambia la relación con las tradiciones.
En comunidades de la Península de Yucatán, por ejemplo, las mujeres pueden participar en actividades relacionadas con la transformación de productos agrícolas, la elaboración de alimentos regionales, el comercio local y la conservación de conocimientos transmitidos entre generaciones.
La cocina tradicional, los saberes sobre ingredientes locales y las técnicas de preparación forman parte de un patrimonio cultural que también tiene dimensiones económicas.
Sin embargo, preservar una tradición no debería significar permanecer atrapada en condiciones laborales desiguales.
La posibilidad de estudiar, innovar, utilizar herramientas tecnológicas o emprender nuevos negocios puede coexistir con el interés por conservar conocimientos comunitarios.
El trabajo femenino tiene una presencia especialmente visible en determinadas actividades posteriores a la producción agrícola.
El informe de la FAO de 2025 presenta datos de una muestra de catorce países de América Latina y el Caribe, donde las mujeres representaron el 55% del empleo en manufactura de alimentos y el 52% en comercio.
En contraste, su participación en transporte fue considerablemente menor, con un 9%.
Estas diferencias muestran que la presencia femenina no es uniforme en toda la cadena agroalimentaria.
Hay sectores donde las mujeres participan mayoritariamente, mientras otros continúan siendo menos accesibles.
También permiten cuestionar una idea frecuente: que el papel económico femenino termina cuando se cosecha el producto.
Una parte importante del valor de los alimentos se construye después, mediante procesos de transformación, distribución y comercialización.
Una de las contradicciones más severas es que las mujeres que participan en la producción de alimentos pueden enfrentar dificultades para acceder a una alimentación suficiente y nutritiva.
La FAO documentó que en América Latina y el Caribe persisten diferencias entre mujeres y hombres en materia de inseguridad alimentaria.
El informe regional de 2025 señaló una brecha de género de 9.1 puntos porcentuales en inseguridad alimentaria moderada o grave durante 2022.
Esto demuestra que trabajar en actividades vinculadas con los alimentos no garantiza automáticamente bienestar económico.
Los ingresos, la distribución de recursos dentro del hogar, las condiciones de empleo y el acceso a servicios influyen en las posibilidades reales de alimentación.
Por eso, mejorar la situación de las mujeres rurales requiere atender simultáneamente empleo, ingresos, derechos, servicios y participación.
El conocimiento rural se transmite de distintas maneras.
Hay saberes vinculados con el cultivo, la selección de semillas, la preparación de alimentos, el aprovechamiento de plantas y las técnicas artesanales.
Muchos permanecen vivos gracias a su transmisión dentro de familias y comunidades.
Pero reconocer esa contribución no significa atribuir automáticamente a todas las mujeres la obligación de conservar las costumbres.
Las nuevas generaciones pueden decidir continuar una actividad familiar, transformarla o desarrollar una ocupación completamente distinta.
El desafío es que cuenten con oportunidades reales para elegir.
Una joven que desea estudiar agronomía, abrir una empresa de alimentos o incorporar nuevas tecnologías debería encontrar condiciones para hacerlo sin perder necesariamente su relación con la comunidad donde creció.
La FAO encontró que únicamente el 26% de las políticas agrarias examinadas en quince países de América Latina y el Caribe incluía la igualdad de género como objetivo explícito.
El organismo recomendó fortalecer derechos de propiedad, ampliar servicios financieros, mejorar el acceso tecnológico y promover la participación de las mujeres en organizaciones productivas y espacios de decisión.
Son medidas que van considerablemente más lejos que organizar una ceremonia cada 15 de octubre.
También involucran a consumidores, empresas y gobiernos locales.
Comprar productos de origen conocido, valorar el trabajo de las productoras y establecer relaciones comerciales justas puede contribuir a reconocer mejor su participación económica.
Sin embargo, las decisiones individuales de consumo no sustituyen la necesidad de resolver desigualdades estructurales.
El 15 de octubre permite dar visibilidad a historias y actividades que habitualmente permanecen fuera de la conversación pública.
Pero la situación de las mujeres rurales exige atención durante todo el año.
La producción de alimentos, la conservación de conocimientos, la actividad comercial y los cuidados familiares continúan independientemente de las fechas conmemorativas.
La diversidad de sus trayectorias también merece ser reconocida: agricultoras, comerciantes, artesanas, trabajadoras asalariadas, profesionales, emprendedoras y jóvenes que buscan nuevas oportunidades.
No necesitan ser presentadas únicamente como mujeres sacrificadas que sostienen silenciosamente a sus comunidades. También son trabajadoras, productoras y ciudadanas con aspiraciones y derechos.
Reconocer su aportación significa que su trabajo se traduzca en mejores ingresos, mayor autonomía y posibilidades reales de decidir sobre su futuro.
Porque detrás de muchos alimentos que llegan diariamente a nuestras mesas hay mujeres cuya participación merece algo más que gratitud: merece reconocimiento económico, derechos y oportunidades.
